Una coalición de organizaciones de derechos civiles presentó este viernes una nueva demanda federal contra la reciente norma implementada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la cual amplía el uso de los beneficios públicos como criterio principal para decidir sobre la aprobación de la residencia permanente.
La acción legal fue interpuesta en representación de varios grupos comunitarios que argumentan que la medida afecta de manera desproporcionada a los inmigrantes de bajos recursos. Con este recurso, los demandantes solicitan formalmente al tribunal que declare ilegal la regulación y ordene su anulación definitiva.
A pesar de la ofensiva legal lanzada por diversos activistas, hasta el momento ninguna de las demandas presentadas a lo largo de esta semana ha logrado que un juez emita una orden de emergencia para suspender la medida.
La controvertida política entró en vigor oficialmente este viernes, cambiando los estándares para la obtención de estatus legal en el país.